24 de Octubre, 2016

¿Se está cometiendo prevaricación en la administración?

Si como parece la administración pública no está cumpliendo con lo que le marca la ley en relación a la cuota de trabajadores con discapacidad entre sus plantillas, podemos afirmar que se está prevaricando.  

La prevaricación, o prevaricato, es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta. Es comparable al incumplimiento de los deberes del servidor público.2 Dicha actuación es una manifestación de un abuso de autoridad. Está sancionada por el Derecho penal, que busca la protección tanto del ciudadano como de la propia Administración. Para que este delito sea punible, debe ser cometido por un servidor o juez en el ejercicio de sus competencias.

Lo preguntaremos en las diferentes reuniones que tendremos con la administración (Ayuntamamientos, Cabildos y Gobierno de Canarias)

Con qué moral se puede exigir a las empresas privadas de más de 50 trabajadores que cumplan la ley si ellos no la cumplen. 

Es una reflexión interesante que  ayuda a explicar las cuotas tan altas de desempleo entre las personas con discapacidad.

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